viernes 7 de octubre de 2016
http://ladiaria.com.uy/articulo/2016/10/apicultores-y-vecinos-de-san-jose-protestan-ante-las-autoridades-por-fumigaciones-con-glifosato/

Uruguay. Apicultores y vecinos de San José protestan ante las autoridades por fumigaciones con glifosato

Ruben Riera es médico jubilado y docente de química, pero su profesión, desde hace 30 años, es la de apicultor. Llegó a tener 1.500 colmenas pero hoy tiene 150, un poco por su edad, dice, y otro por el mal panorama que pinta el rubro. Es uno de los tantos que ven cómo su trabajo va perdiendo intensidad y los apicultores reducen el nivel de su producción o directamente abandonan. “Cambió radicalmente. En 182 años de apicultura en el país nunca hubo una situación tan crítica en Uruguay. Hoy por hoy, es más rentable trabajar como empleado en una empresa que tener colmena”, dijo Riera, presidente de la Comisión Directiva de la Sociedad Apícola Uruguaya (SAU) en diálogo con la diaria.

Según publicó ayer el periódico de Libertad La Semana, la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) y la SAU se reunieron el martes con el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, para plantear uno de los problemas que más afectan a su forma de vida: las fumigaciones con glifosato. Este año, los mercados de Europa y Estados Unidos se cerraron a la miel uruguaya por contener ese agrotóxico por encima de los niveles permitidos. La Unión Europea, por ejemplo, establece un máximo de 0,05 miligramos por kilo, y la miel uruguaya tenía más de 100 miligramos, por lo que se perdió la exportación de 80.000 kilos. En un comunicado, la CNFR denunció la “aplicación irracional de agroquímicos” como parte de un modelo “concentrador y contaminante”.

Según Riera, la reunión que Aguerre convocó, que incluyó también a otros delegados de departamentos del MGAP, significó un gesto de preocupación por parte de las autoridades, ya que la miel uruguaya con alta presencia de glifosato se renegocia a un precio menor, porque los importadores se ven obligados a mezclarla con miel en mejores condiciones. Como respuesta, el ministro ordenó que se elaborara un plan para evaluar el impacto del glifosato en distintas “matrices”, en particular el agua. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria estará encargado de la parte técnica y la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) ejecutará los análisis. Aguerre aseguró a los delegados de los productores que en noviembre, cuando vuelva de China, los testeos estarán en marcha. Con los datos, se hará un “mapeo”, pero la medida no conforma del todo a los productores de miel: “No estamos de acuerdo, porque un planteo que se ha hecho es que los apicultores trabajen en las zonas que el mapeo establezca como de bajo riesgo, pero eso significaría moverse, que es un costo extra. Cuando tengamos resultados, ¿qué hacemos? Segundo, las abejas viajan hasta ocho kilómetros en busca de agua y polen, así que podrían llegar a zonas fumigadas con glifosato. Además, si los apicultores están ubicados en un lugar es porque encontraron mayor productividad. Los territorios son diferentes. No es una solución, y menos una inmediata”, se quejó Riera. “Hay tierras en este país que aún tienen niveles altos de glifosato que fueron tratadas hace siete años”, agregó.

Hoy hay unas 600.000 colmenas en Uruguay. Entre 90% y 95% está destinado a la exportación. Este año, según el presidente de la SAU, se trabajó a pérdida: se estima que se produjeron unos 9.000.000 de kilos, una caída de 25% con respecto a 2015. En noviembre empezaría la zafra del año, lo que aumenta la preocupación de los apicultores. Al glifosato se agregarían los vaivenes del mercado internacional, condicionado en mayor medida por China, que hoy no importa miel uruguaya. “Sumémosle a eso que el apicultor venía con unos costos de producción que se soportaban con un precio de 2,5 dólares por kilo, y hoy no se vende a 1,1. La miel está valiendo menos hoy que lo que se paga por el azúcar en los supermercados”.

En noviembre también vendría una misión de China para evaluar la producción local y el sistema de trazabilidad, con la idea de considerar la compra de miel local. Para amortiguar las pérdidas, desde la SAU piden al gobierno que se aplace por un año el pago de la última cuota de un crédito por emergencia apícola que el MGAP otorgó en julio. “Si no, trabajaríamos a pérdida”, aseguró Riera.

La Semana también publicó el martes que el concejal frenteamplista Gonzalo Rodríguez recibió el viernes una llamada de un habitante del balneario Kiyú que denunciaba que un vecino estaba fumigando con un “mosquito” (un vehículo destinado a ese fin) cerca del fondo de su casa. El sábado, la denuncia se repitió, y el periodista Jorge Gambetta constató que se estaba fumigando a menos de 150 metros de la costa del Río de la Plata. El periódico publicó que Rodríguez se reunió con el director de Higiene, Salud y Medio Ambiente de la Intendencia de San José (ISJ), Yarwin Silveira, para plantearle reclamos sobre los hechos, pero que la ISJ sólo tiene cuatro funcionarios, que no son suficientes para hacer los controles necesarios en todo el territorio.

Según fuentes del organismo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente recibió la denuncia, pero como estaba fuera de su marco de actuación, tuvo que ser remitida a la DGSA del MGAP, que se encarga de verificar la composición química de los plaguicidas y de fiscalizar y sancionar. Según la normativa vigente, no se puede hacer fumigaciones mecanizadas a menos de 300 metros de poblaciones o escuelas. Según comentó el concejal al semanario de San José, no es la primera denuncia por fumigaciones en zonas no permitidas, y este año se realizaron incluso cerca de escuelas.