UCCL manifestó la necesidad de ser consultada antes de redactar este tipo de PNL e incluyó en la reunión otros problemas del sector apícola de Castilla y León.
Desde hace decenas de años, venimos exigiendo una modificación de la ley para que las mieles producidas en España estén claramente identificadas en su etiqueta. En su momento, se atendió la propuesta de los importadores-envasadores que solo aceptaron el cambio de la denominación de «miel de países diversos» a «mezcla de mieles de países procedentes y no procedentes de la U.E.», manteniendo el engaño para el consumidor y lesionando los intereses del productor.
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UCCL afirmó que sería imprescindible que en la etiqueta, el Estado español obligara a identificar el país o países en los que la miel ha sido recolectada, como punto de partida para terminar añadiendo el porcentaje de miel de cada país. Esta potestad es de cada estado miembro de la Unión Europea, y sólo Italia la ha aplicado.
Hemos de combatir el fraude a los consumidores, e incentivar a los pequeños y medianos envasadores, así como a los productores -ambos gremios son parte esencial para evitar el despoblamiento-, frente a los importadores y envasadores de mieles de baja calidad procedentes de otros países.
UCCL aprovechó la reunión para exponerle al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes la urgencia de revisar y hacer cumplir la normativa relativa a la Regulación del sector apícola de Castilla y León. Se propuso la realización de un mapa de aprovechamiento apícola que permitiera la coexistencia pacífica de la trashumancia con otros tipos de explotaciones apícolas de la Comunidad y que a la vez impidiera la existencia de recursos apícolas desaprovechados y/o zonas sobreexplotadas.
Los parlamentarios tendrán que incidir en que los Ayuntamientos, más allá de los aspectos recaudatorios, visualicen la importancia de la apicultura como herramienta agroambiental y como medio de mantener la población rural.
UCCL transmitió al Grupo la necesidad de que las administraciones públicas den ejemplo y prioricen sus compras a productores-envasadores de la Comunidad. También que adapten al tamaño de productores-envasadores las normativas higiénico –sanitarias y procedimientos administrativos, ya que son aquellos los que fijan población en el medio rural. Así lo hacen en Francia.
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