La intención de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Autóctonosde crear una indicación geográfica protegida (IGP) Miel de Asturias ha creado polémica en el sector apícola. La Asociación Gijonesa de Apicultura (AGA), que aglutina a más de 340 socios y unas 5.000 colmenas, ha elaborado una serie de alegaciones que presentará ante el Principado para detener las actuaciones que ha iniciado la consejería. En el documento, indica que «se debe archivar lo actuado respecto a la implantación de la IGP Miel de Asturias», hasta que se aclaren una serie de aspectos que consideran fundamentales y se publiquen sendas normas que regularán el sector, en concreto la Ley de Calidad Alimentaria del Principado y la norma de calidad de la miel que sustituirá al real decreto hasta ahora vigente.
AGA alerta de la «incertidumbre legal que padece el sector apícola» y pide que esta IGP no suponga ninguna merma para los pequeños y medianos productores. Es más, apunta que «debe tenerse en cuenta la opinión de todos los afectados y no solo la de los grandes apicultores», ya que defiende que «una IGP mal estructurada puede generar desequilibrios a la hora de competir en el mercado de los productos apícolas».
La asociación gijonesa muestra su «inicial rechazo» a la tramitación de la IGP porque «no atiende a la defensa de los intereses profesionales de la mayoría de los apicultores» y asegura que «redundará exclusivamente en el beneficio de los grandes productores». También alerta de la necesidad de que los controles sobre el producto final sean mucho más exhaustivos que los previstos.
Critican que no podrán utilizar la denominación de ningún lugar de la región en sus etiquetas
AGA reclama a la consejería un estudio económico de la IGP. El documento de alegaciones que ha elaborado indica que «es preciso hacer un estudio apriorístico del coste de gestión de la propia IGP a repercutir en cada kilo de miel amparado y que ese coste no sea un arma a emplear para expulsar a los pequeños productores una vez que la IGP echase a andar».
Estos apicultores defienden que se garantice la fiabilidad de las mieles certificadas mediante controles en laboratorios, en el campo y en las instalaciones de extracción y envasado, para que haya «la máxima transparencia y control».
Las etiquetas
Pero quizá el principal problema del que alertan los pequeños y medianos productores es de los efectos que tendrá esta regulación en las explotaciones no amparadas por la indicación geográfica, que pasarán por «la pérdida de la capacidad de reflejar en sus etiquetas la denominación de Asturias o cualquiera de sus concejos e incluso cualquier localidad» de la región. Esa situación perjudicará también a «las ferias y mercados tradicionales que se celebran a lo largo de toda la geografía asturiana toda vez que a los grandes productores no les interesa un comercio tan minorista». Y todo ello viene dado porque la denominación de la IGP será Miel de Asturias, «lo cual impide la utilización de dicha denominación en los envases de miel que, aun siendo producida en Asturias, no esté amparada por la IGP».
La protección de la marca «se extiende también al uso de los nombres de las comarcas, concejos, localidades u otras entidades menores que componen su área geográfica».
Por ello, la Asociación Gijonesa de Apicultura considera «precipitado» tomar decisión alguna sobre el asunto y pide que todo el proceso quede en suspenso a la espera de la publicación de la Ley de Calidad Alimentaria del Principado, pues «sin un marco legislativo bien definido no podemos saber en qué manera afecta la IGP a figuras de comercialización como la tan reclamada producción primaria», es decir, la artesanal por medios históricos.
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