"Resulta evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación en zonas protegidas y que, salvo unas pocas excepciones, no se reforestaron los bosques desmontados ilegalmente. Por otra parte, en muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa", evaluaron desde la Campaña de Bosques de Greenpeace. Y recordaron que la protección de los bosques es una "demanda social". En este punto hay una cuestión clave: la ley se aprobó con el apoyo de un millón y medio de firmas.
Frente a este panorama, Greenpeace reclamó que el desmonte ilegal y el incendio intencional de bosques para su posterior cambio de uso de suelo sean considerados delitos, al igual que el otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas. También advirtieron la necesidad de que el Estado obligue a los propietarios o responsables a restaurar los bosques destruidos de manera ilegal.





Salta: linda, pero sin bosques
En los últimos días el gobierno de Salta, que durante años autorizó desmontes en áreas protegidas, hizo circular un comunicado en el que aseguró que se redujeron un 66% los desmontes "no autorizados o en zonas prohibidas".
Sin embargo, llama la atención que mientras Salta reconoció que sólo se desmontaron 385 hectáreas de manera ilegal, Greenpeace relevó que se destruyeron casi 5 mil hectáreas de áreas protegidas.
Detrás de Santiago del Estero, Salta es la segunda provincia más afectada del país. Entre 2007 y 2014, Greenpeace estima que se desmontaron 120 mil hectáreas protegidas, casi la misma cantidad que hubo en 2016 en todo el país.