martes 3 de enero de 2017
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Mexico. Yucatán dice no a los cultivos transgénicos
La siembra de soya transgénica implica terminar con la apicultura, la principal actividad de familias de productores de origen maya
Yucatán exporta anualmente 700 toneladas de miel, una derrama económica de $2,000 millones.
Comunidades indígenas, campesinos, sociedad civil y autoridades del estado mexicano de Yucatán, dicen que defenderán ‘con todo' un decreto aprobado hace casi dos meses para ser una entidad libre de transgénicos y que ahora el Gobierno federal busca revertir interponiendo su incostitucionalidad ante la Suprema Corte de México.
El decreto de Yucatán, aprobado el pasado 26 de octubre, que prohíbe los cultivos con organismos genéticamente modificados (OGM) en el estado de Yucatán, tales como la soya transgénica que es incompatible a las actividades agrícolas que ancestralmente se realizan por miles de familias indígenas mayas y de la cual viven, principalmente de la apicultura, explicaron funcionarios y activistas de Yucatán consultados por Xinhua.
‘Está perfectamente documentado en diversos estudios que la siembra de soya transgénica resistente al herbicida denominado glifosato, no es compatible para las actividades como la apícola, y ello ocasionaría muchos daños a la biodiversidad y a la actividad económica', reconoció el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Yucatán, Eduardo Batllori.
Tampoco, agregó, ‘se puede ignorar el riesgo que implican para la salud de la población las fumigaciones con glifosato, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probable cancerígeno'.
La apicultura es una de las principales actividades en el sureste de México y actualmente unas 20 mil familias de productores de origen maya dependen de ella, quienes cumplen con los altos estándares de normativas en materia de productos orgánicos en países como Alemania, Estados Unidos, Japón o China, este último que busca para la próxima temporada llevar unos 10 contenedores de miel.
‘EL DECRETO NO SE APROBÓ SOBRE LAS RODILLAS, PREVIAMENTE FUE AVALADO POR ACADÉMICOS',
LUIS ARTURO CARRILLO
DEL COLECTIVO MA OGM
Yucatán exporta anualmente 700 toneladas de miel, que propician una derrama económica de $2,000 millones.
‘La siembra de soya transgénica en la Península de Yucatán implica terminar con la apicultura, la riqueza cultural de las comunidades y ambiental de la selva maya. (...) la apicultura ha fomentado el desarrollo sustentable por varias generaciones, romper este círculo virtuoso es promover la deforestación y la desertificación de las cuencas hídricas', advirtió el funcionario local.
El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto pidió esta semana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de acuerdo con el diario mexicano Reforma, anular el decreto del estado de Yucatán que impide los cultivos con OGM y promueve cultivos orgánicos.
De acuerdo con la controversia de inconstitucionalidad del decreto, supone que el gobierno de Yucatán habría invadido atribuciones del Congreso de México que reguló el tema desde 2005 mediante la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, cuya aplicación corresponde a dependencias federales.
De acuerdo con la publicación del diario mexicano, la intervención de la Suprema Corte, servirá para aclarar cuáles son los límites de las atribuciones de los gobiernos locales en el tema de transgénicos 'si es que tienen alguna', sin hacer pronunciamientos sobre las polémicas científicas y ambientales que genera el uso de este tipo de semillas.
‘El decreto no se aprobó sobre las rodillas, previamente fue avalado por académicos, indígenas, agricultores y ambientalistas, quienes con estudios científicos y técnicos se comprobó los daños que ocasionaría la siembra de cultivos transgénicos y ahora vamos a defender no con el puño levantado sino con argumentos jurídicos la sociedad civil con el gobierno de Yucatán', dijo a Xinhua el coordinador del Colectivo MA OGM de Yucatán, Luis Arturo Carrillo.
No obstante, el gobierno de Yucatán argumenta que la siembra de transgénicos viola en la entidad diversos artículos de la ley porque no determinó los efectos de este tipo de organismos en los procesos de producción agrícola y la biodiversidad, además de que se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas.
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